Mito y realidad en la formación del Frente Popular en la España de 1936

El tiempo histórico como expresión de la dinámica social es una construcción que requiere, tal y como afirmaba el físico francés Jean Baptiste Perrin, «explicar lo visible complejo por lo invisible simple». El conocimiento de lo social implica acometer ese proceso mental que nos lleva de lo visible complejo a lo invisible simple.

Un buen ejemplo de lo difícil que es transitar por esos caminos lo constituye el estudio del proceso de convergencia electoral que dio lugar el 15 de enero de 1936 a la publicación del «manifiesto electoral de las izquierdas» que pronto sería conocido como Frente Popular. Casi nadie conoce hoy que ese manifiesto electoral contenía más desacuerdos que coincidencias, y que ese pacto interclasista era la constatación del distanciamiento político de las clases intermedias urbanas respecto de las oligarquías locales a las que tradicionalmente habían servido fielmente. Una parte significativa de los abogados, médicos, enseñantes, ingenieros, científicos y arquitectos llegaron a la conclusión de que era necesaria una destrucción creativa de las viejas estructuras políticas que habían pervivido del Antiguo Régimen y que para ello debían contar con las clases subalternas, alcanzando un acuerdo electoral que devolviera a la II República Española su inicial impulso democrático. Se trataba de un simple acuerdo electoral que permitía sumar votos y escaños a los partidarios de la revolución democrática que había comenzado el 14 de abril de 1931. El sistema electoral favorecía a las coaliciones y castigaba severamente la dispersión política. Sumar era rentable electoralmente. A pesar de lo cual los republicanos de izquierdas y los socialistas fueron por separado en las elecciones celebradas el 19 de noviembre de 1933, lo que favoreció el triunfo de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) que lideraba el abogado salmantino José María Gil-Robles y Quiñones, catedrático de Derecho Político y fiel servidor de los intereses agrarios de las clases propietarias de la España rural. No era casual su definición confederal ni el carácter autónomo de las derechas que libremente se habían coaligado electoralmente. La CEDA contó con un aliado natural en el Partido Republicano Radical (PRR) que había fundado veinticinco años antes el periodista rambleño, Alejandro Lerroux García. Las contrarreformas llevadas a cabo por el PRR y la CEDA durante el denominado por algunos historiadores como «bienio negro» llevaron a las clases subalternas al convencimiento de que la única vía posible para lograr los avances sociales demandados desde mediados del siglo XIX era la revolucionaria. El proceso insurreccional de octubre de 1934 causó la muerte de 2.000 personas[1] y su posterior represión llenó las cárceles de toda España. Se calcula que entre 30.000 y 40.000 personas[2] fueron encarceladas y miles de obreros perdieron sus puestos de trabajo[3]. La necesidad de un acuerdo político entre las izquierdas tanto republicanas como obreras se hizo evidente entonces. El miedo al enemigo común que representaba el fascismo hizo posible el acuerdo electoral, tal y como sucedió también en Francia. La necesidad de defenderse del avance de la extrema derecha llevó a socialistas y comunistas a aparcar sus diferencias tanto tácticas como estratégicas y a formar un gran frente antifascista tanto en España como en Francia. En nuestro país bajo la preponderancia de los republicanos de izquierdas y en Francia bajo la dirección de socialistas y comunistas, los primeros desde el gobierno y los segundos desde las fábricas.

Veamos entonces cuál era «El manifiesto electoral de las Izquierdas» para las elecciones del 16 de febrero de 1936 en España[4].

Los partidos republicanos Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista, en representación del mismo y de la Unión General de Trabajadores; Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Partido Obrero de Unificación Marxista, sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de norma de Gobierno que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras, en el caso de victoria. Declaran ante la opinión pública las bases y los límites de su coincidencia política, y además la ofrecen a la consideración de las restantes organizaciones republicanas y obreras, por si estiman conveniente a los intereses nacionales de la República venir a integrar en tales condiciones el bloque de izquierdas que debe luchar frente a la reacción en las elecciones generales de diputados a Cortes.